La Justicia ordenó a la EPE reducir durante 180 días la factura eléctrica de Algodonera Avellaneda

La medida cautelar alcanza al VAD y surge tras un reclamo de la empresa por fuertes diferencias entre la evolución de las tarifas, la inflación y distintos componentes del suministro.

La Justicia de Reconquista hizo lugar a una nueva medida cautelar presentada por Algodonera Avellaneda S.A. (AASA) y ordenó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) abstenerse durante 180 días de exigir el pago del componente correspondiente al Valor Agregado de Distribución (VAD) en las facturas de la planta industrial de Reconquista. El resto de los conceptos continuará siendo exigible, mientras avanza un análisis técnico sobre la composición de las tarifas.

La resolución fue dictada por el juez Fabián Lorenzini, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista. El magistrado calificó la medida como “parcial y provisoria” y ordenó que la EPE discrimine en las facturas actuales y futuras cuánto representa el VAD, tanto en porcentaje como en dinero. La decisión se conoció luego de que la distribuidora intimara a AASA por una deuda posconcursal de $2.292.745.476,24, bajo apercibimiento de interrumpir el suministro.

Uno de los puntos centrales del expediente es la evolución de los costos energéticos. Según el informe presentado por los ingenieros Chiappero y Nowik, entre febrero de 2023 y febrero de 2026 el IPC nacional habría aumentado 376,1%, mientras que el cargo fijo de la EPE se incrementó 502,2% y las potencias pico y fuera de pico, 408,7%. El fallo también menciona diferencias significativas en determinados componentes del VAD y advierte sobre posibles inconsistencias que deberán ser verificadas antes de establecer conclusiones definitivas.

Para avanzar con ese análisis, Lorenzini ordenó conformar un equipo de expertos integrado por un contador público y un profesional especializado en materia eléctrica, que deberá ser designado por las partes dentro de cinco días hábiles judiciales. La empresa había planteado pagar inicialmente el 75% de cada factura, mientras que la energía representa alrededor del 35% de sus costos de producción.

La Justicia también incorporó formalmente al Gobierno de Santa Fe al proceso y habilitó a CAMMESA a participar del análisis técnico.