Recomiendan al juez Lorenzini cerrar la hilandería de Algodonera Avellaneda: peligran 243 puestos de trabajo
La sindicatura argumenta que sostener la producción genera pérdidas millonarias y propone extinguir los contratos laborales.
La sindicatura de la quiebra de Algodonera Avellaneda recomendó al juez Fabián Lorenzini que no autorice la continuidad de la explotación y disponga el cierre de las tres plantas de la empresa: la hilandería y tejeduría del Parque Industrial de Reconquista, la desmotadora de Bandera, en Santiago del Estero, y la de General Pinedo, en Chaco.
La propuesta pone en riesgo la continuidad laboral de 243 trabajadores y representa un nuevo capítulo crítico para una industria de fuerte importancia en la cadena algodonera y textil del norte santafesino y la región.
El informe fue firmado por los síndicos María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono, en el marco de lo previsto por el artículo 190 de la Ley de Concursos y Quiebras. Ahora, el magistrado deberá resolver si las plantas continúan funcionando. Tiene un plazo de diez días. La sindicatura explicó que modificó el criterio inicial de mantener la producción para terceros, porque los ingresos dejaron de alcanzar para sostener los costos operativos.
Una pérdida mensual que supera los $800 millones
En Reconquista, la hilandería procesa alrededor de 300.000 kilos mensuales para dos clientes mediante contratos de fasón. Según los cálculos de la sindicatura, la facturación mensual ronda los $424,8 millones, mientras que los salarios, cargas sociales, seguros y otros conceptos laborales representan unos $354,5 millones. El margen restante no alcanza para cubrir los insumos, la energía ni el mantenimiento. El consumo eléctrico oscila entre $533 millones y $782,5 millones mensuales, por lo que el déficit operativo estimado se ubica entre $565 millones y $814,7 millones por mes.
Los síndicos señalaron que propusieron a los clientes actualizar las tarifas del servicio o hacerse cargo de la energía utilizada para procesar sus pedidos, pero ambas alternativas fueron rechazadas. A esa situación se suma la deuda con la Empresa Provincial de la Energía, que intimó a la firma por más de $4.603 millones y advirtió sobre la posibilidad de suspender el suministro. En las desmotadoras de Bandera y General Pinedo, la campaña 2026 terminó en octubre y no habrá nueva actividad hasta la cosecha de 2027. Los gastos se cubren con anticipos de La Nueva Vicentin de Grassi, que la sindicatura considera obligaciones futuras y no ingresos genuinos.
Qué propone la sindicatura para los trabajadores
Al momento de declararse la quiebra, el 14 de octubre, había 243 trabajadores afectados a la continuidad de las plantas: 204 en Reconquista, 21 en Bandera y 18 en General Pinedo. Sus contratos fueron suspendidos por 60 días, plazo que vence el 13 de diciembre. La sindicatura pidió que se extingan por causa de quiebra, con excepción del personal necesario para terminar la producción en curso y cubrir las guardias mínimas.
También propuso registrar las bajas ante ARCA, entregar las certificaciones laborales y realizar las gestiones ante ANSES y las autoridades de Trabajo de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco para facilitar el acceso al seguro por desempleo. El informe sostiene que mantener una explotación deficitaria puede perjudicar incluso a los propios trabajadores, porque las deudas generadas durante la continuidad de la actividad tienen prioridad de cobro dentro del proceso concursal.
Las plantas seguirían bajo custodia
La recomendación de cierre no implica abandonar las instalaciones ni promover su desguace. La sindicatura propone conservar las tres plantas como unidades industriales, con guardias permanentes para custodiar los bienes, mantener la maquinaria, prevenir incendios y permitir la entrega de mercadería de terceros. El objetivo es preservar los activos en condiciones para que puedan ser reactivados por un eventual comprador si cambian las condiciones económicas.
En paralelo, el juez aprobó las bases para la venta de los activos de Algodonera Avellaneda, divididos en cinco lotes. La hilandería de Reconquista y las desmotadoras de Bandera y General Pinedo integran los lotes productivos. Las ofertas podrán presentarse entre el 20 y el 30 de noviembre, y el juzgado estableció que se valorarán el precio, la cantidad de puestos de trabajo, el plan productivo, las condiciones de pago y la solvencia de los interesados.
La resolución prioriza una posible oferta integral que permita preservar la actividad, especialmente en la hilandería de Reconquista. Así, el futuro de la empresa y de sus trabajadores dependerá tanto de la decisión judicial sobre la continuidad inmediata como de la posibilidad de conseguir inversores que recuperen la capacidad productiva de las plantas.
