El fiscal regional brindó su informe de gestión anual ¿Cuáles son los desafíos para 2024?

El fiscal regional de la IV Circunscripción Judicial, Dr. Rubén Daniel Martínez, brindó su informe de gestión del 2022, en la tarde del martes 5 de diciembre de 2023, en el salón de actos del edificio del Poder Judicial de Reconquista, acompañado por la fiscal general de la provincia, Dra. María Cecilia Vranicich, y el secretario Dr. Roberto Salum.

El informe de gestión está previsto en el Art. 7, tercer párrafo, de la Ley 13.013, con el fin de rendir cuentas ante la sociedad sobre la labor realizada, demostrando las actividades y resultados obtenidos en el período.

Esta actividad es una forma más de hacer efectivo algunos de los paradigmas del sistema procesal penal, como es la publicidad de la
gestión y el ejercicio de transparencia institucional. Implica mostrar la labor realizada desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.

Martínez mencionó que «se ha mejorado la relación con las Oficinas de Gestión Judicial de las tres sedes de nuestra circunscripción y también con la correspondiente a la Segunda Instancia», de la misma manera que han «afianzado vínculos con el juez federal y el fiscal federal, aumentando la comunicación y la coordinación», lo cual señaló que era muy necesario ya que «cada vez son mayores los delitos que involucran ambas competencias».

Respecto a la relación con la Policía, pudo confirmar que -a partir del año 2022- empezaron a «trabajar mejor» conjuntamente, a diferencia de años anteriores en los que «no había idea ni hábito de trabajo coherente», lo que provocaba que «se pierda efectividad». 

«Es más, se actuaba con celos profesionales, o no sé de qué tipo, y eso dificultaba nuestro accionar. Hemos luchado y me he ganado el enojo de muchos jefes por decir estas cosas», comentó el fiscal regional. Ahora explicó que se coordinan de una mejor manera, estableciendo políticas y estrategias que permiten mejorar las investigaciones fiscales.

No obstante, dejó claro que «falta mucho para hacer en línea general». Como ejemplo, hizo mención de algunos «inconvenientes que subsisten y que se relacionan con obstáculos propios de cada organización»: «la escasez de recursos humanos policiales en el Departamento General Obligado, la dinámica de sus turnos rotativos que impide la continuidad de los R.P.I. en la investigación adecuada y oportuna de los legajos y otras propias de su organización, la que sufre evidentemente la escasa presencia del Ministerio de Seguridad en lineamientos claros que direccionen su accionar».

Lo que sí destacó fue el «notable avance» que han tenido con la Guardia Rural «Los Pumas»: «Una permanente coordinación que permitió grandes procedimientos vinculados con bandas organizadas y dedicadas al abigeato, donde además de reproche penal que le va a corresponder, mandamos un mensaje claro a la sociedad de que las vamos a perseguir».

En cuanto al Servicio Provincial de Defensa Penal, señaló que mantienen un «excelente diálogo, no exento de algunas discrepancias lógicas de sus roles».

Para mejorar el servicio a la comunidad, Martínez también brindó unas propuestas y criterios de actuación de cara al próximo periodo, sugiriendo «regionalizar» las soluciones, luego de notar que «claramente algunas de las decisiones tomadas han repercutido favorablemente en algunas circunscripciones judiciales y nula o casi nula solución en otras», porque «se toman decisiones en los lugares donde se detenta el poder político central y se consideran que las mismas tendrán el mismo efecto en las diferentes regionales«.

Frente a este desconocimiento de las distintas características de cada territorio, población y su distribución, criminalidad, tipos y categorías de delitos, etc., aconsejó hacer «un análisis y diagnóstico de cada circunscripción, detallando sus fortalezas, sus debilidades, sus recursos, sus demandas, etc. y proyectando su crecimiento en un futuro inmediato de los próximos seis años que dura el mandato de los órganos directivos, proponer las soluciones y la forma progresiva de ir implementando las mismas, como si fuera un verdadero plan estratégico de crecimiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) desde la perspectiva de cada Regional».

En la Regional 4 concretamente, propuso establecer una oficina de atención a la víctima en cada Unidad Fiscal, a cargo de un profesional capacitado, capaz de tener la empatía necesaria para atender a las víctimas, entendiendo que éstas «son distintas entre sí, tienen distintas expectativas y merecen un tratamiento adecuado a esas circunstancias». 

Anunció además que ya se solicitó a las autoridades ministeriales correspondientes que se establezcan Centros Territoriales de Denuncia en Avellaneda, Vera, Calchaquí, Villa Ocampo y Las Toscas, considerando la necesidad de «fortalecerlos» y «ampliar su número» en la Regional.

En ese sentido, planteó también conformar un «equipo de apoyo» ante la falta de Unidades Especiales de Violencia de Género, Sexual y Familiar en Las Toscas y Vera, así como existe la circunscripción judicial de Reconquista. 

«Los delitos cometidos en un contexto de violencia de género tienen una importancia cuantitativa y van en aumento», por lo cual armar un equipo de
apoyo que le sirva a las tres Unidades Fiscales es «sumamente importante» y dará «un principio de actuación, una misma forma de actuar con la Policía, Agencia de Trata, Brigada de Femicidio, con todos los equipos de género y multidisciplinario que se han creado en Las Toscas y Vera».

«Conformar un equipo para poder brindar mayor atención. No vamos a cesar los esfuerzos a pesar de que ahora estamos pasando momento difícil», aseguró Martínez. 

Además, viendo que la mayoría de los abusos sexuales son intrafamiliares, consideró necesario trabajar esta problemática conjuntamente con las municipalidades y los equipos: «Las familias desmembradas, los chicos que no van a la escuela y tratar de ver todas esas cuestiones que escapan a nuestras facultades de ser titular de la acción pública penal, pero que evidentemente nosotros podemos contribuir trabajando junto a ellos».

Por otra parte, hablando de los delitos rurales, refirió a la necesidad de contar con una «mayor colaboración y control» de parte de las autoridades administrativas de control, como SENASA y las diversas comisiones encargadas del control de la vacunación, la Industria Frigorífica y todos aquellos que comercializan ganado en pie, dado que «si el control es ineficiente, se facilita a reducción de la de la producción del ilícito, se facilita el ilícito y además se dificulta la investigación». 

«Evidentemente, cuando hay un abigeato grande, se reduce en algún lugar: o en las comercializadoras de hacienda o en los frigoríficos»; entonces, para ser «eficientes y contar con el asesoramiento en ese sentido», anticipó que constituirá una Comisión de Seguridad con las distintas asociaciones y sociedades rurales de la zona.

«Vamos a achicar el margen de error y vamos a ir produciendo el diagnóstico para que las autoridades que tengan que tomar decisiones sepan cuáles son los inconvenientes que hay», precisó Martínez. 

Otra de sus observaciones fue que resulta «insuficiente» la dotación de fiscales y personal administrativo para brindar un servicio eficiente y oportuno, y que hace falta una «comunicación más estrecha con la comunidad» y «política institucional», dado que el «MPA es una organización nueva y en nuestra sociedad norteña todavía no se aclara muy bien cuál es el rol del fiscal y cuál es el rol de los jueces», motivo por el cual muchas veces reciben críticas por actuaciones que no le son propias.

Por último, se expresó sobre los jueces penales, advirtiendo que algunos de ellos, «apartados de su rol de juez, tratan de criticar la labor del fiscal o desacreditar la labor del fiscal», algo que viene sucediendo «hace ya dos o tres años» y «llevó a que se generen asperezas», hasta el punto de encontrarse ahora que, «para revalidar su postura, utilizan como mecanismo correr vista de la actuación fiscal con la cual está disconforme, al fiscal regional o a la Auditoría», «por cualquier cosa».

A su parecer, «es un tema a superar». «Estamos permanentemente relacionados, por lo tanto, para eliminar esas asperezas, tenemos que trabajar en ese respeto mutuo que tenemos que tener. Tenemos que encontrar la fórmula de poder ir trabajando mejor para que la sociedad tenga un servicio de justicia de calidad», aseveró.