Peralta propone fijar por ley un tope del 0,5% para la planta política en Santa Fe

El diputado provincial Emiliano Peralta presentó un proyecto de ley que busca establecer un límite legal a los nombramientos del personal político no permanente en la provincia de Santa Fe, con el objetivo de ordenar el gasto público y transparentar las designaciones.

Según explicó, la iniciativa surge ante el crecimiento sostenido del personal de planta política, es decir, aquellos funcionarios que ingresan con un gobierno y, en teoría, dejan sus cargos cuando finaliza esa gestión. En este grupo se incluyen secretarios, subsecretarios, directores, coordinadores, ministros y asistentes técnicos.

Peralta puso el foco especialmente en la figura de los asistentes técnicos. “Ahí está el escándalo. Son muchísimos. Se nombra a cualquier cantidad de personas que muchas veces son militantes o cumplen roles en la campaña”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que actualmente el número de asistentes técnicos triplica al que existía durante la gestión de Omar Perotti.

El legislador comparó cifras y señaló que durante el gobierno anterior hubo 600 designaciones, mientras que en la actual gestión de Maximiliano Pullaro se registran 2.746 nombramientos. “Esto tiene que tener un límite”, remarcó.

Un tope del 0,5% de la planta permanente

El proyecto propone que el personal político no permanente no supere el 0,5% del total de la planta permanente del Estado provincial. De acuerdo a los cálculos del diputado, eso representaría entre 800 y 900 personas en toda la estructura política, un número que —según indicó— es el que tradicionalmente tuvo la provincia.

Además, la propuesta establece que ese límite esté atado a la planta permanente aprobada anualmente en el Presupuesto, que es votado por la Legislatura. De esta manera, se busca evitar que el número de designaciones quede librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

“El Estado no puede ser una bolsa de trabajo”, expresó Peralta, quien también planteó la necesidad de que las designaciones y los salarios sean públicos. “Queremos que se sepa cuánto cobran y qué hacen. Hay casos donde perciben entre 4 y 8 millones de pesos y no está claro cuál es su función”, advirtió.

El proyecto de ley ya fue ingresado y actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Laborales, donde comenzará a ser tratado en las próximas semanas.