Algodonera Avellaneda: terminó el plazo sin ofertas para comprar las acciones ¿Qué decisión tomará el Juez?

El juez Fabián Lorenzini dejó constancia de que no hubo interesados en el salvataje. El escenario conduce hacia la quiebra, aunque resta conocer la decisión que adoptará el magistrado.

A las 12:30 de este lunes 5 de octubre de 2026 venció el plazo “improrrogable” dispuesto por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, para que potenciales interesados se inscribieran en el proceso de salvataje de Algodonera Avellaneda S.A. Doce minutos después, a las 12:42, el magistrado dejó constancia de que nadie se presentó y ordenó las notificaciones correspondientes.

La empresa del Grupo Vicentin atravesaba la etapa de salvataje o “cramdown”, prevista por el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, luego de que fracasara el concurso preventivo. El registro de interesados había sido abierto mediante la Resolución 503/2026, del 14 de septiembre, dentro del expediente “Algodonera Avellaneda S.A. s/ Concurso Preventivo”. El período de inscripción comenzó el 29 de septiembre y terminó este lunes sin ningún postulante.

La consecuencia es que se frustró la alternativa de rescatar la empresa mediante un tercero, aunque la decisión final todavía debe ser adoptada por el juez. En términos generales, la Ley 24.522 establece que, ante la falta de interesados en el salvataje, corresponde concluir ese procedimiento y avanzar hacia la declaración de quiebra, salvo que exista alguna circunstancia procesal particular que modifique esa secuencia. Los requisitos exigidos para los postulantes incluían ser personas jurídicas, acreditar experiencia en el sector textil, no registrar determinadas deudas o reclamos tributarios, presentar un plan de empresa, demostrar solvencia y depositar U$S 65.000 en la cuenta judicial.

El eventual escenario de quiebra tendría un fuerte impacto regional. Algodonera Avellaneda posee una fábrica de hilos y telas en el Parque Industrial de Reconquista y dos desmotadoras de algodón, una en Banderas, Santiago del Estero, y otra en General Pinedo, Chaco, con más de 300 trabajadores directos en la actualidad. Ante una eventual declaración de quiebra, los síndicos asumirían el control operativo y deberían realizar el inventario e incautación de los bienes, mientras el juez deberá resolver sobre la continuidad de la explotación y posteriormente establecer las condiciones para una eventual venta total o parcial. En este punto aparece una posibilidad para los trabajadores: el antecedente de SanCor, donde se decretó la quiebra con continuidad. El ministro de Trabajo provincial, Coco Báscolo, señaló que esa alternativa permitiría preservar los contratos vigentes y mantener la actividad mientras se desarrolla el proceso.

Un proceso que llegó al límite

El concurso preventivo había fracasado porque la empresa no logró obtener los acuerdos necesarios con sus acreedores. Posteriormente, el juez Lorenzini quitó a los propietarios la exclusividad para negociar y abrió el período de cramdown, concebido por la legislación como una última posibilidad para evitar la quiebra mediante la intervención de terceros interesados.

Uno de los principales obstáculos era la deuda cercana a U$S 300 millones con el Banco Nación, principal acreedor de Algodonera Avellaneda. Además, la planta textil ubicada en Reconquista se encuentra hipotecada a favor del Banco Nación, que ya obtuvo una sentencia favorable de primera instancia en el pedido de remate, actualmente en instancia de apelación. En ese contexto, no apareció ningún interesado dispuesto a asumir las exigencias económicas y legales del salvataje.

Ahora la atención está puesta en Fabián Lorenzini. El vencimiento del plazo y la constancia judicial de que no hubo inscriptos dejan a Algodonera Avellaneda frente al escenario de quiebra, pero todavía resta la resolución formal del magistrado.

La continuidad de los contratos, la preservación de los puestos de trabajo y el futuro de las plantas de Reconquista, Banderas y General Pinedo quedarán sujetos a las decisiones que se adopten dentro del expediente.