Diputados de Santa Fe definen el paquete de leyes de seguridad impulsado por Pullaro
La Cámara baja tratará este jueves el paquete de iniciativas impulsado por Maximiliano Pullaro, que modifica normas sobre investigación penal, facultades policiales y sistema penitenciario.
La reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro tendrá este jueves una instancia decisiva en la Cámara de Diputados de Santa Fe. El oficialismo buscará avanzar con un paquete de proyectos que modifica distintas normas vinculadas con la investigación penal, las atribuciones policiales, el sistema penitenciario y el combate de los mercados ilegales.
El eje de la discusión es la iniciativa “Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública”, que propone agilizar procedimientos y ampliar las herramientas estatales para investigar delitos. Sin embargo, el alcance de algunas facultades previstas en el proyecto generó cuestionamientos de sectores judiciales, colegios de abogados y organizaciones de derechos humanos.
Las posiciones están divididas tanto en la oposición como dentro del oficialismo. Mientras el diputado de Unidos José Corral defiende los cambios como una forma de mejorar la respuesta frente al delito, los legisladores Carlos Del Frade y Lucila De Ponti advierten sobre posibles conflictos con las garantías constitucionales. Desde el Ejecutivo, la vocera Virginia Coudannes pidió que las diferencias políticas no impidan avanzar con las medidas.
Las facultades policiales y las garantías constitucionales
Uno de los capítulos más controvertidos es la reforma del Código Procesal Penal, que contempla modificaciones en los procedimientos de allanamiento, las medidas restrictivas de la libertad y determinadas actuaciones durante las investigaciones judiciales.
Entre los puntos que generan mayor discusión figuran los allanamientos sin autorización judicial previa en determinadas circunstancias y los cambios en los procedimientos para recibir declaraciones durante una investigación penal. Las objeciones se centran en los límites de la intervención policial y fiscal y en los mecanismos de control judicial sobre esas actuaciones.
Del Frade expresó su rechazo al paquete y advirtió sobre lo que considera un posible retroceso en materia de derechos. De Ponti, por su parte, cuestionó la constitucionalidad de algunos artículos y puso en duda que la ampliación de las facultades estatales garantice una mejora efectiva en la persecución del delito.
Desde el oficialismo sostienen que las modificaciones buscan actualizar la legislación y brindar herramientas para actuar frente a organizaciones criminales y delitos cotidianos. La discusión pasa por determinar qué atribuciones pueden ampliarse y qué resguardos deben establecerse para evitar abusos o intromisiones indebidas en la privacidad.
El control de celulares robados y los mercados ilegales
El paquete también incluye un sistema provincial de intervención sobre los mercados ilegales de dispositivos tecnológicos, destinado a combatir la comercialización de celulares robados y otros equipos sustraídos.
En ese esquema, el control del IMEI, el código que identifica a cada teléfono móvil, aparece como una de las herramientas para detectar dispositivos denunciados como robados y reforzar la trazabilidad de los equipos comercializados.
La iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de modificaciones que alcanza, además, la ejecución de las penas, las tareas de inteligencia y el sistema provincial de recompensas.
Negociaciones contrarreloj dentro de Unidos
Mientras el oficialismo busca llevar las iniciativas al recinto, las conversaciones internas de Unidos para Cambiar Santa Fe siguen siendo determinantes para definir el alcance de los proyectos.
Los sectores radicales impulsan alternativas de redacción para destrabar los artículos más discutidos, mientras que desde el socialismo persisten reparos frente a la ampliación de las atribuciones policiales.
El desafío para la coalición gobernante es sostener la política de seguridad de Pullaro y, al mismo tiempo, resolver las diferencias sobre los límites legales de la intervención estatal. El Ejecutivo considera que las reformas son necesarias para fortalecer su estrategia contra el delito, mientras que los sectores críticos reclaman mayores garantías institucionales.
Una discusión que excede la cuestión policial
El debate legislativo pone en juego el equilibrio entre la eficacia de las investigaciones penales, el control judicial y la protección de los derechos individuales.
El resultado de las negociaciones determinará si el oficialismo consigue aprobar las iniciativas en los términos propuestos por el Ejecutivo o si deberá incorporar modificaciones para reunir los consensos necesarios.
