Cómo funciona el protocolo que cobra los operativos por amenazas en escuelas

Ante el crecimiento de amenazas de ataques en escuelas se puso en marcha un protocolo que no solo activa un operativo de seguridad, sino que también prevé el cobro de los costos a quienes resulten responsables. El objetivo es desalentar este tipo de hechos, que generan alarma social y demandan un importante despliegue de recursos estatales.

Cada vez que se recibe una amenaza, se activa un protocolo que involucra a fuerzas de seguridad, personal especializado en explosivos, servicios de emergencia y autoridades educativas.

Esto implica evacuaciones, suspensión de clases y la intervención de equipos técnicos que deben verificar si existe o no una situación de riesgo real. Todo ese despliegue tiene un costo operativo elevado, que incluye movilidad, horas de trabajo y utilización de equipamiento específico.

Una vez descartado el peligro, la investigación se centra en identificar al autor de la amenaza. La identificación puede realizarse a través del rastreo de llamadas, direcciones IP o análisis de redes sociales, dependiendo del medio utilizado para realizar la amenaza.

El traslado de los costos

Cuando se logra determinar al responsable, el Estado puede avanzar en el recupero de los gastos generados por el operativo.

En el caso de adultos, se inicia un proceso judicial que puede derivar en la obligación de pagar los costos. Si el autor es menor, la responsabilidad económica recae sobre sus padres o tutores legales, quienes deben afrontar los gastos derivados de la intervención estatal. La suma a pagar puede ascender hasta los seis millones de pesos.

Sanciones penales y económicas

Además del cobro de los costos, realizar una amenaza falsa constituye un delito. Las sanciones pueden incluir multas e incluso penas de prisión en casos graves.

En el caso de menores, se aplican medidas socioeducativas, pero el aspecto económico igualmente puede ser exigido a las familias.

El protocolo apunta a reducir una práctica que viene en aumento y que afecta el normal funcionamiento de las instituciones educativas. Las autoridades remarcan que cada falsa amenaza no solo genera miedo en la comunidad, sino que también desvía recursos que podrían destinarse a situaciones reales.