Fallo federal ordena al Pami y Nación normalizar pagos a prestadores de discapacidad

Una resolución de la Justicia Federal de Córdoba ordenó al Pami y al Ministerio de Salud de la Nación regularizar la cadena de pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad, en medio de fuertes reclamos por aranceles desactualizados y demoras en las prestaciones.

La medida fue dictada por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, y alcanza a todo el país. El fallo obliga al Estado nacional a garantizar el normal funcionamiento de los pagos vinculados tanto al programa Incluir Salud como a prestaciones del Pami destinadas a personas con discapacidad.

Desde el sector, sin embargo, advierten que persiste la desconfianza sobre el cumplimiento efectivo de la resolución judicial.

“El incumplimiento del gobierno nacional en la cadena de pagos afecta directamente a las personas con discapacidad de manera irreversible. Lo dice el fallo”, expresó Pablo Bolego, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), en declaraciones a LT8.

Prestaciones paralizadas y deuda acumulada

Bolego explicó que la presentación judicial fue impulsada por un colectivo de prestadores de distintos puntos del país y remarcó que la situación del programa Incluir Salud es crítica.

“En el caso de Incluir Salud, los pagos están suspendidos desde noviembre del año pasado”, sostuvo.

El dirigente señaló además que la resolución judicial representa un respaldo importante para el sector, aunque advirtió que existe escepticismo respecto a la respuesta del gobierno nacional.

“No estamos muy esperanzados de que el gobierno cumpla con el fallo: no cumple con la ley desde el comienzo de su gestión”, cuestionó.

Reclamos al Gobierno nacional

El referente de Atraes recordó además el tratamiento de la ley de emergencia en discapacidad y criticó la postura de la administración nacional frente a las demandas del sector.

“Trabajamos enormemente en la ley de emergencia en discapacidad, conseguimos votos, nos reunimos con todos los legisladores y la ley salió casi por unanimidad, pero el gobierno decide incumplirla sistemáticamente con diferentes artilugios: desde el veto hasta pasar por la Justicia”, afirmó Bolego.

El fallo judicial se produce en un contexto de creciente tensión entre prestadores y el Estado nacional, con advertencias sobre la continuidad de tratamientos, traslados y servicios esenciales para personas con discapacidad en distintos puntos del país.